El magistrado Óscar Parra, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), calificó como crímenes de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Casanare a comienzos de los años 2000.
Según sus declaraciones, estos hechos no fueron aislados ni atribuibles únicamente a individuos dentro de las fuerzas del Estado, sino que se trató de acciones masivas, previamente planeadas, ejecutadas y encubiertas.
Parra indicó que el número de víctimas podría superar las 400, y que más de 300 personas vinculadas al Estado habrían participado en estos delitos. De ellas, 29 han sido señaladas como máximos responsables, mientras que otras 300 se encuentran en la sala de definición de situaciones jurídicas.
Como parte del proceso de verdad, justicia y reparación, el pasado sábado 4 de octubre se realizó un acto de excusas públicas en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio de Yopal, con la presencia del ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y altos mandos militares. En el evento se ofrecieron disculpas a 27 familiares de víctimas.
El magistrado subrayó que este tipo de actos contribuyen a reconstruir la confianza en el Estado y deben replicarse en las escuelas de formación militar, para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y no lo repitan.
Parra también señaló que las familias de las víctimas enfrentaron estigmatización y desplazamiento, al ser señaladas de tener vínculos con grupos armados ilegales. Además, mencionó que el proceso ha tenido que superar el negacionismo, ya que durante años se negó la existencia de estos crímenes.
Actualmente, la JEP trabaja en una resolución de conclusiones que permitirá al Tribunal para la Paz avanzar hacia la emisión de sentencias. Entre las propuestas de sanción se contemplan proyectos como la creación de una universidad, iniciativas de reforestación y la búsqueda de personas desaparecidas.