En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Paz de Ariporo, las bancadas mayoritarias negaron cinco proposiciones de control político presentadas por concejales de las minorías, entre ellos Antonio Naranjo Ruiz, Crisitan Vega y Dennis Fernández.
Según lo comentó Fernández, las solicitudes rechazadas incluían una citación a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación para revisar la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías durante las dos vigencias actuales del gobierno municipal. Los concejales buscaban conocer el destino de estos recursos y su aplicación.
Una segunda proposición solicitaba rendición de cuentas sobre autorizaciones de vigencias futuras aprobadas por el Concejo en 2025 para utilizar vigencia 2026.
Esta autorización permitía adelantar procesos contractuales relacionados con maquinaria amarilla, combinando recursos de 2025 y 2026 para anticiparse a la Ley de Garantías y aprovechar la temporada de verano.
La tercera solicitud contemplaba citar al jefe de la Oficina de Control Interno, recientemente designado mediante concurso de méritos. Los concejales pretendían conocer el estado en que recibió la dependencia y las proyecciones del nuevo funcionario.
El cuarto punto incluía citación a control político al Secretario General para revisar evaluaciones de desempeño. Esta solicitud se relaciona con la reestructuración administrativa realizada en diciembre de 2023, que dejó aproximadamente 20 funcionarios en provisionalidad.
Posteriormente se produjo el despido de tres o cuatro empleados, situación que generó demandas tanto de los afectados como del sector que representa a los trabajadores municipales.
La quinta proposición tenía como propósito invitar a Corporinoquia y citar a la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental para indagar sobre la gestión ambiental en el municipio.
Los concejales tenían como objetivo conocer el uso de recursos de la sobretasa ambiental, que pasó de 500 millones a 1.500 millones de pesos anuales tras la actualización del catastro multipropósito urbano.
También buscaban información sobre pago de servicios ambientales y la gestión de 158.000 hectáreas de humedales reconocidos por Corporinoquia. La proposición coincidía con el Día Mundial de los Humedales, celebrado el 2 de febrero.
Paralelamente, el municipio enfrenta una situación jurídica relacionada con una deuda de 194 millones de pesos con la empresa mixta de alumbrado público, cuya fecha límite de pago venció el 23 de enero.
El Juzgado Primero notificó al alcalde, Jorge Camilo Abril Tarache, en primera instancia ordenando el pago, pero este no se efectuó, lo que derivó en un incidente de desacato.
Según los documentos de constitución de la empresa mixta, el municipio debe recaudar y girar los recursos correspondientes al servicio de alumbrado público a la cuenta fiduciaria de la empresa.
La empresa mixta reporta que requiere más de 1.800 millones de pesos para cubrir pagos del servicio, nóminas e insumos.
No obstante, el burgomaestre aseguró extramicrófonos, que en este caso la justicia falló a su favor.
Adicionalmente existe otro inconvenite por resolver y es la deuda que tiene el Municipio con Enerca por este tema del alumbrado público. Ya la empresa advirtió que en caso no pagar suspenderá el servicio.