La Alcaldía de Yopal anunció la suspensión de la expedición de facturas del impuesto predial hasta asegurar que los cobros se ajusten a la realidad física y jurídica de los bienes del municipio.
La medida responde a la detección de múltiples inconsistencias en la información técnica proporcionada por los prestadores de servicio catastral vinculados al Convenio 1707 de 2023, suscrito durante la administración anterior.
Según el reporte de supervisión de la Secretaría de Planeación, se identificaron fallas en 16.500 predios, que incluyen registros con campos vacíos, duplicidad de datos, falta de áreas de construcción o terreno y ausencia de direcciones reportadas.
Estas irregularidades generaron en febrero de 2025 incrementos desproporcionados en los recibos, lo que motivó la radicación de más de 1.200 derechos de petición por parte de los contribuyentes.
Ante esta situación, la actual administración instaló mesas de concertación con el Ministerio Público y solicitó la intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Como resultado, la Superintendencia inició una averiguación preliminar por presuntas faltas de competencia del operador, mientras que la Contraloría General de la República informó sobre un presunto daño patrimonial de 6.332 millones de pesos por recursos desembolsados a los prestadores de servicio.
En respuesta a los incumplimientos, el municipio radicó una demanda de nulidad del convenio e impuso una multa de 373 millones de pesos a los contratistas.
Así mismo, la administración decidió no extender el modelo catastral a la zona rural, lo que habría representado una inversión adicional de 18.700 millones de pesos.
Para proteger al ciudadano, se han tramitado alivios tributarios ante el Concejo Municipal y se estableció que, para la vigencia 2026, el incremento de los avalúos será del 3 %, conforme a la normativa nacional.
Aunque la facturación permanece suspendida, la Alcaldía recordó que el primer plazo para acceder a descuentos por pago oportuno vence el 31 de marzo de 2026, fecha que podría ser ampliada mediante acuerdo municipal si las garantías técnicas no se restablecen a tiempo.