Tres personas requeridas por la justicia colombiana fueron capturadas en Venezuela por su presunta vinculación con la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, una ciudadana de 52 años que falleció tras someterse a una intervención estética en el sur de Bogotá. Entre las detenidas se encuentra María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro clandestino Beauty Láser MD, localizado en el barrio Venecia, quien fue ubicada en Maracaibo, mientras que el administrador del local y el supuesto responsable de la operación fueron arrestados en el estado Portuguesa.
Los hechos se originaron el pasado 13 de mayo cuando la víctima asistió al establecimiento para realizarse una lipólisis láser. Según las investigaciones, Toloza Rivas sufrió complicaciones de salud inmediatas y posteriormente fue retirada del lugar inconsciente por dos hombres, quienes la movilizaron en un vehículo particular con rumbo al norte de la capital. El automotor fue registrado cruzando el peaje El Roble la madrugada del 14 de mayo y días después apareció abandonado en Cúcuta, zona fronteriza donde la Policía Nacional capturó inicialmente a otros dos hombres asociados con el traslado del vehículo.
El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado por la Fiscalía y la Sijín el 19 de mayo en la vereda El Copial, en la vía entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, y su identidad fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Las autoridades locales confirmaron que el establecimiento estético operaba de manera ilegal y que la sociedad comercial detrás del negocio ya había sido disuelta legalmente el año anterior. Durante el registro de la sede en Bogotá, los organismos de socorro rescataron a otra mujer que se encontraba encerrada en una de las habitaciones.
Tras la difusión del caso y la huida de los principales sospechosos hacia el vecino país el 15 de mayo, la Fiscalía General de la Nación emitió cinco órdenes de captura que permitieron la detención de la totalidad de los implicados. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación a las entidades de vigilancia del distrito para determinar posibles fallas en el control de estos centros informales, mientras se define el proceso para la comparecencia de los capturados ante los tribunales colombianos.