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Tribunal ordena a la Alcaldía de Yopal sellar urbanizaciones ilegales y proteger el ordenamiento territorial

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En un pronunciamiento con efectos inmediatos, el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante decisión emitida el 17 de julio de 2025, ordenó al Municipio de Yopal ejecutar el sellamiento de todas las urbanizaciones y parcelaciones que carecen de licencias de construcción o desarrollo dentro de su jurisdicción. La medida responde a una solicitud de acción popular presentada por el ciudadano Nelson Steven Lozano Murcia, con el objetivo de salvaguardar derechos colectivos como el ambiente sano, la seguridad, la salud pública y el ordenamiento del territorio.

El fallo, que se origina en una solicitud de medidas cautelares, obliga a la administración municipal a actuar en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la notificación del fallo.

El Tribunal determinó que, ante la proliferación de desarrollos urbanísticos ilegales, la administración local no había ejercido suficientes acciones preventivas ni correctivas, lo que justificó la intervención judicial. El propio Municipio respaldó la solicitud de sellamiento, aunque se opuso a la suspensión general de planes parciales, por considerarla desproporcionada.

Urbanizaciones señaladas

Dentro del expediente se enumeran múltiples predios intervenidos sin permisos legales, entre ellos:
El Deseo, Finca La Mapora, La Reserva, Guafilito (Vereda El Charte), Vereda La Vega (El Morro), MZ B LT 23 (Puerto Príncipe), KM 11 (Vereda Manantial), Finca La Rubiera, Urbanización Jireh, Llano Real, Sabanas de Simarúa, Cañaguate 2, La Pedrera Etapa 1, Buenos Aires, entre otros.

Las visitas de control revelaron movimientos masivos de tierra, apertura de vías, construcción de viviendas y parcelaciones sin licencias urbanísticas, en algunos casos dentro de zonas de protección ambiental o con riesgo por remoción en masa.

Campañas engañosas y cobros irregulares

El fallo también toma en cuenta pruebas sobre campañas publicitarias engañosas, así como denuncias penales por presunta urbanización ilegal. Un caso emblemático es el proyecto denominado “10.000 Socios Yopal”, en el que se habrían suscrito personas a cambio de pagos mensuales de administración ($15.000), sin que existieran licencias aprobadas ni claridad sobre el destino real de los recursos.

Adicionalmente, informes de Curadurías Urbanas 1 y 2 confirman que proyectos como El Palmar, Tierra Prometida, ASIEL, ABIEL, Pentecostés, Samara o Sahara, Santa Gracia, Cristo Santo y Campo Hermoso, también se desarrollan sin aprobación urbanística.

Daños ambientales y sanciones en curso

El informe de Corporinoquia del 19 de junio de 2025 fue determinante en la decisión, al evidenciar procesos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas a estos proyectos. Se documentó el uso de maquinaria pesada, la tala de especies nativas y la remoción de cobertura vegetal en zonas protegidas, sin permisos ni planes de manejo ambiental.

Medidas ordenadas por el Tribunal

El Tribunal decretó que el Municipio de Yopal debe cumplir, en un término máximo de 15 días, con las siguientes acciones:
1. Sellar de forma inmediata todas las urbanizaciones y parcelaciones ilegales, incluyendo las ya construidas y las que están en ejecución.
2. Instalar avisos visibles y permanentes en los accesos y zonas comunes, informando sobre la ilegalidad del proyecto y los riesgos asociados.
3. Mantener campañas informativas en medios físicos y digitales, alertando a la comunidad sobre los riesgos legales y patrimoniales de adquirir lotes sin licencia.
4. En urbanizaciones con población asentada, el urbanizador y el Municipio deberán garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, de forma segura y eficiente.

Advertencia a la ciudadanía

El Municipio de Yopal ha reiterado el llamado a la ciudadanía para no adquirir terrenos ni invertir en proyectos que no cuenten con licencias urbanísticas vigentes, ya que podrían enfrentar problemas legales, sanciones y pérdida patrimonial.

Este fallo marca un precedente en la lucha contra la urbanización ilegal en la región, y exige un compromiso firme de las autoridades locales, ambientales y de control para garantizar el desarrollo ordenado y sostenible del territorio.

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