Los procesos contractuales relacionados con los proyectos fueron asignados a un contratista específico de manera directa, sin abrir una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes.
Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de irregularidades en la contratación de los estudios y diseños para la construcción de la sede A y B del Colegio Sagrado Corazón, y de la nueva estructura del Hospital San Rafael de Leticia (Amazonas).
En ese sentido, la exsecretaria de Educación de Amazonas, Betsy Mireya Becerra Londoño; el exsecretario de Salud departamental, Héctor Jaime Hernández Betancur; la exasesora María del Socorro Restrepo Hurtado; y el contratista Emerson Serrano Fierro fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y prevaricato por omisión. Los cargos no fueron aceptados.
El proceso contractual cuestionado inició el 16 de febrero de 2016, con la celebración de un contrato marco entre la Gobernación de Amazonas y una fundación particular. Posteriormente, se fue modificando y desarrollando a través de convenios y adiciones que ampliaron el tiempo de ejecución y fijaron los costos, de 4.610 millones de pesos para el centro asistencial y de 7.000 millones de pesos para cumplir las actividades relacionadas con el colegio.
Las dos iniciativas nunca recibieron concepto de viabilidad y fueron tramitadas sin estar inscritas en el banco de proyectos. Adicionalmente, contaban con estudios previos incompletos, carecían de una sustentación precisa sobre la necesidad y no tenían análisis de precios del mercado. A esto se suma, que fueron asignadas directamente a un contratista específico y se omitió la obligación de abrir licitación pública para garantizar la participación de otros oferentes.
Las evidencias también indican que se hizo doble contratación, en el entendido de que los objetos de los convenios derivados del convenio marco correspondían exactamente a otros celebrados en 2013, precisamente por los mismos funcionarios que participaron en los contratos cuestionados.
De otra parte, se constató que la fundación no cumplió a cabalidad con sus obligaciones; sin embargo, recibió pagos por parte de la administración departamental. Por ejemplo, para el caso del colegio entregó un producto con deficiencias, el estudio de suelos no atendía el diseño arquitectónico definido y tenía datos incorrectos de topografía. Este convenio fue suspendido y 9 años después no se ha ejecutado.
Finalmente, la investigación puso al descubierto un posible detrimento patrimonial, de 213 millones de pesos en el proyecto de estudios para el colegio y de 2.118 millones de pesos en lo que respecta al hospital. Esta información se publica por razones de interés general.