Una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, fue admitida por el Consejo de Estado.
El proceso judicial, que ahora entra en etapa de análisis, fue interpuesto por el ciudadano Oromairo Avella Ballesteros y se basa en presuntas irregularidades en la conformación de su equipo legislativo.
El núcleo de la acusación gira en torno al uso de recursos públicos para contratar asesores que, según el demandante, no residen ni en Casanare ni en Bogotá, y que no cumplirían funciones efectivas en el Congreso.
Entre los nombres mencionados figuran personas domiciliadas en departamentos como Santander, La Guajira, Meta y Cesar, lo que, de comprobarse, podría constituir una destinación indebida de dineros del Estado.
La demanda se fundamenta en el artículo 183 de la Constitución, que contempla la pérdida de investidura para congresistas que utilicen recursos públicos con fines distintos a los legalmente establecidos.
También se cita la Resolución 1095 de 2010 de la Cámara de Representantes, que define el marco funcional de las Unidades de Trabajo Legislativo.
Ante la admisión del proceso, el representante Archila emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos. Asegura que la acción judicial carece de sustento jurídico y que responde a intereses políticos, especialmente en el contexto de las elecciones regionales.
En su pronunciamiento, calificó la demanda como parte de una estrategia de desprestigio y persecución.
El Consejo de Estado deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes y determinar si existen méritos para declarar la pérdida de investidura del congresista liberal.
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