En medio de los señalamientos cruzados entre la Gobernación de Casanare y la Asamblea Departamental respecto al trámite del Proyecto de Ordenanza 006 de 2025, la Procuraduría Regional se pronunció con un fallo que aclara aspectos claves sobre los impedimentos y recusaciones presentados por algunos diputados.
El mencionado proyecto busca adicionar al presupuesto de la vigencia 2025 los recursos del superávit fiscal del año 2024, tema que ha generado un intenso debate político y jurídico entre los actores departamentales.
¿Qué resolvió la Procuraduría?
El fallo de la Procuraduría Regional de Casanare concluye lo siguiente:
1. Se acepta el impedimento presentado por el diputado Omar Hernando Ortega Molina, en su calidad de miembro de la Comisión de Ética, Gobierno y Asuntos Institucionales, considerando que su participación podría comprometer la imparcialidad del proceso.
2. Se niega el impedimento presentado por el diputado Eduardo Antolínez Pan, al considerar que no se configura la causal alegada de conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 1437 de 2011, norma que regula el debido proceso administrativo.
3. Se rechazan las recusaciones presentadas contra diez diputados, entre ellos Juan Fernando Mancipe Pérez, Jorge Eduardo García Gutiérrez, Marisela Duarte Rodríguez, Henry Jhooney Pérez Hernández, Luz Mery Niño Chaparro, Alejandro López, Heyder Alexander Silva, Wilder Andrés Ávila, Germán Alberto Pinzón Jiménez y el mismo Ortega Molina. Según la Procuraduría, no se hallaron fundamentos legales ni pruebas que configuren alguna de las causales expresamente establecidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
4. Se ordena comunicar esta decisión a la Asamblea Departamental de Casanare y a los diputados mencionados, para que procedan conforme a sus competencias.
5. El fallo es de carácter definitivo, por lo tanto, no procede recurso alguno.
¿Por qué es importante este fallo?
El pronunciamiento de la Procuraduría se da en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo departamental. Mientras desde la Gobernación se han hecho señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y maniobras dilatorias por parte de la Asamblea, varios diputados han cuestionado la forma en que se pretende adicionar el superávit al presupuesto, señalando falta de garantías para el estudio del proyecto.
La decisión del Ministerio Público contribuye a despejar el panorama jurídico y da vía libre para que el Proyecto de Ordenanza continúe su trámite dentro de los canales institucionales correspondientes.
No obstante, persiste la necesidad de que tanto el Gobierno Departamental como la Asamblea busquen mecanismos de diálogo y concertación, en beneficio de la correcta ejecución de los recursos y del bienestar de la ciudadanía casanareña.