Los directivos del sindicato de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza y Fredy Larrota, han manifestado su preocupación ante el estado crítico del relleno sanitario El Cascajar, cuya capacidad operativa se proyecta únicamente hasta octubre de 2026.
La situación representa un riesgo no solo para la capital de Casanare, sino para una red regional que abarca diversos municipios del departamento, así como algunas localidades de Boyacá que dependen de este centro de disposición final.
De acuerdo con el sindicato, existe un plan de contingencia diseñado para mitigar la saturación del relleno. Este proyecto contempla la construcción de dos nuevas trincheras que permitirían extender la vida útil de la infraestructura por un periodo adicional de cuatro años.
Sin embargo, la ejecución de estas obras se encuentra a la espera de un trámite administrativo clave, como es la aprobación de la licencia ambiental, por parte de Corporinoquia.
Sin este permiso, la EAAAY no puede iniciar las intervenciones técnicas necesarias para evitar el cierre del relleno en el último trimestre del año.
Desde Sintraemsdes, Isaza y Larrota enfatizaron que la solución a la crisis debe nacer de un esfuerzo interinstitucional entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, manteniendo siempre la naturaleza pública del servicio.
El sindicato advirtió sobre los riesgos de un posible cambio en el modelo de gestión. Aseguraron que la operación pública garantiza que los recursos generados se reinviertan localmente en lugar de ser trasladados a empresas privadas o multinacionales.
Recordaron que, en experiencias previas bajo operadores privados, se han presentado reducciones en las garantías y salarios de los trabajadores del sector aseo.
El gremio sostiene que la administración directa por parte de la EAAAY es la única vía para asegurar el cumplimiento de los estándares actuales sin priorizar el lucro sobre la eficiencia sanitaria.
Finalmente, la organización sindical hizo un llamado urgente a las autoridades ambientales para agilizar los estudios y aprobaciones correspondientes.
Según el fiscal del sindicato, «la prioridad debe ser la seguridad de la prestación del servicio para los miles de usuarios regionales», señalando que cada día de retraso en la aprobación de la licencia acerca a la región a una emergencia sanitaria de grandes proporciones.