La administración municipal de Yopal anunció que el proceso para la demolición de las Torres del Silencio entrará en su fase definitiva la próxima semana. Harbey Ramírez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, confirmó que los documentos técnicos serán radicados ante la Unidad de Contratación para iniciar el proceso de adjudicación bajo el marco de la Ley 80.
Detalles de los operativos
A diferencia de otras técnicas de demolición, se ha optado por un método neumático mecánico. Este procedimiento utilizará retroexcavadoras equipadas con martillos percutores para fracturar el concreto de forma controlada.
- Plazos: Se estima un tiempo de ejecución de 45días una vez iniciadas las labores de campo.
- Logística: Los trabajos se realizarán en dos frentes simultáneos para optimizar el tiempo.
- Sostenibilidad: En un ejercicio de economía circular, la Secretaría de Infraestructura aprovechará los escombros como material de subbase para el mejoramiento de vías terciarias, beneficiando la movilidad de las comunidades rurales.
- Mitigación: El proyecto incluye un plan de manejo ambiental estricto para reducir el impacto de ruido y polvo en el sector.
Apoyo social a familias afectadas
Respecto al componente humano, la administración aseguró la continuidad de los subsidios de arrendamiento para las familias desplazadas:
- Segunda etapa: Tras cumplirse el primer trimestre en marzo, ya se coordinó con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo el pago del segundo trimestre de ayudas.
- Casos pendientes: De la totalidad de beneficiarios, siete familias aún no han formalizado el cobro por falta de documentación. Se destaca el acompañamiento especial a una familia con una situación de salud crítica que ha dificultado su trámite.
El reto del cronograma
A pesar de los anuncios, persiste la incertidumbre sobre la fecha exacta del inicio de obras.
Aunque la administración busca entregar el predio a la Gobernación de Casanare a la mayor brevedad, el proyecto ya presenta un retraso respecto al cronograma inicial, que preveía el comienzo de las demoliciones en diciembre de 2026. La imposibilidad de concretar un convenio con ingenieros militares debido a la Ley de Garantías obligó a retomar la actual ruta de contratación pública.