El Consejo de Estado, en su Sección Quinta, confirmó este 20 de marzo de 2025 la nulidad de la elección de John Jairo Peynado, del Partido Liberal, como concejal de Yopal para el periodo 2024-2027.
La decisión, tomada en segunda instancia, respalda el fallo inicial del Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró la inhabilidad de Peynado debido a un contrato firmado con la Gobernación de Casanare antes de las elecciones.
Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien interpuso la demanda, asumirá la curul que ocupaba Peynado. El demandante alegó que el contrato, firmado el 7 de febrero de 2023, inhabilitaba a Peynado para postularse.
El objeto del proceso contractual estaba destinado a brindar asistencia en la elaboración del Plan Operativo 2023 para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento.
Según el demandante, el contrato se ejecutó principalmente en Yopal, lo que constituiría una violación al artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que establece causales de inhabilidad para cargos de elección popular.
Peynado, por su parte, defendió que la mayor parte del trabajo se realizó en otros municipios como Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, y no en Yopal.
En su apelación, Peynado argumentó que el contrato fue suscrito con una entidad departamental, no municipal, lo que, según él, excluía la aplicación de la causal de inhabilidad.
Además, señaló que la mención de Yopal en el contrato se debía a que la Gobernación tiene su sede allí, no porque el trabajo se hubiera ejecutado en ese municipio.
La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral también intervinieron en el caso, alegando falta de legitimación pasiva. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que los elementos probatorios respaldaban la inhabilidad de Peynado, confirmando así la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare del 2 de mayo de 2024.
Con esta decisión, se cierra el caso y se oficializa la sustitución de Peynado por Guanaro Vargas en el Concejo de Yopal. La resolución subraya la importancia de cumplir con las normas de elegibilidad para garantizar la transparencia en los procesos electorales.
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