La región de Casanare y Meta se encuentra al borde de una significativa crisis energética, con más de 10.000 familias y usuarios formales en riesgo de enfrentar interrupciones en el servicio de gas domiciliario y vehicular en los próximos días.
Alcaldes de municipios clave como Trinidad, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis y Yopal, junto con representantes de gremios de transporte en Yopal y Aguazul y la gerente de Enerca, Nubia Stella Castro Molano, han expresado su profunda preocupación y «malestar» ante la situación.
El principal punto de conflicto radica en la falta de un precio «justo» y «diferencial» para la molécula de gas vehicular, especialmente demandado por el gremio de transportadores.
A pesar de que Casanare y Meta contribuyen con más del 60% de la producción nacional de gas, sus habitantes se enfrentan a precios de combustible superiores a los de otras ciudades del país, y a una incertidumbre creciente sobre el abastecimiento.
La gerente de Enerca insistió en que se ha acentuado por la percepción de una falta de compromiso del Gobierno central, cuyas entidades no asistieron de manera presencial en la reunión de este 28 de noviembre, sin presencia física. Solo algunas se conectaron virtualmente.
El desconté crece por que se considera como injusto que, estando parados en los yacimientos de gas, la región se encuentre al borde de la suspensión del servicio.
Los usuarios afectados se concentran principalmente en la zona norte del departamento de Casanare, incluyendo Aguazul. Los alcaldes han solicitado el apoyo del Gobierno Nacional.
Los mandatarios han presentado informes detallados sobre la problemática, buscando una pronta solución que garantice un servicio básico y asequible para sus comunidades.
Este escenario adverso también afecta el programa de «gas social» de empresa Perenco, ya que se anticipa que a partir del 1 de diciembre, muchos de estos usuarios también estarían en riesgo no recibir este combustible.
La situación es calificada de «crítica» y se advierte que, de no mediar una intervención inmediata, la afectación a la calidad de vida de miles de hogares y la operatividad del sector transporte será irreversible en tan solo dos días.
La comunidad y sus representantes esperan una respuesta «real» y «tangible» que ponga fin a esta disparidad y asegure el derecho fundamental al acceso a la energía en una región que tanto aporta a la producción nacional.