Un litigo jurídico sobre una falsa tradición que se remonta al año 2021 tiene un nuevo capítulo con el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Casanare.
La autoridad judicial ratificó este 15 de diciembre que el Municipio de Yopal y la Sociedad de Economía Mixta “Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.” vulneraron el derecho colectivo a la moralidad administrativa en el proceso de adquisición del predio “El Rodeo” ubicado en la vía a Morichal, el cual, inicialmente, estaba destinado al nuevo terminal de transportes de la ciudad.
El caso se centró en la compra de un terreno identificado con matrícula inmobiliaria No. 470-76822. El Tribunal constató que esta propiedad se derivó de un predio de mayor extensión (FMI 470-15291) cuya enajenación original por el Municipio en 2006 ya presentaba reparos judiciales, incluyendo la determinación de que el ente territorial carecía de competencia para venderlo, dado su carácter de bien público baldío con fines urbanísticos.
Aunque la apelación de la Sociedad de Economía Mixta argumentó la “carencia actual de objeto” debido a que el predio en cuestión fue excluido de su patrimonio social en septiembre de 2023 mediante rescisión contractual, el Tribunal subrayó que este hecho superado no anula la declaración de la vulneración ya consumada del derecho a la moralidad administrativa.
Es decir, el hecho de que el negocio se haya deshecho no borra las conductas irregulares previas.
La sentencia destaca que tanto el Municipio como la Sociedad de Economía Mixta incurrieron en conductas contrarias a la probidad y al principio de legalidad.
Esto ocurrió al aceptar como aporte de capital social un predio que, según existían órdenes judiciales, no podía ser enajenado de forma irregular.
Según el Tribunal se omitieron estudios exhaustivos de títulos y se desatendieron decisiones judiciales con efectos de cosa juzgada, priorizando intereses particulares sobre el interés general.
En consecuencia, el Tribunal ha reiterado la orden de remitir copias de la decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
Dichas entidades deberán adelantar las indagaciones e investigaciones pertinentes contra los servidores públicos, exservidores y/o particulares que resulten responsables de estas irregularidades, asegurando así que las faltas a la moralidad y el patrimonio público no queden impunes, a pesar de la reversión final del negocio del predio.