En Colombia se ha normalizado una indignación selectiva. Mientras organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos movilizan personas, recursos y micrófonos para reclamar por la situación de un dictador extranjero, en el departamento de Arauca la guerrilla del ELN continúa secuestrando civiles, imponiendo su justicia armada y sometiendo a la población al miedo, sin que esas mismas organizaciones se pronuncien con la misma fuerza.
La realidad en Arauca es concreta y verificable. El Frente de Guerra Oriental del ELN reconoció públicamente la retención de ciudadanos, señalándolos de supuestos vínculos con estructuras criminales y anunciando que serán “procesados” bajo su propia normativa ilegal. No se trata de versiones oficiales del Estado ni de denuncias aisladas: es la admisión directa de un grupo armado que sigue practicando el secuestro como método de control territorial.
Esto ocurre mientras comunidades enteras viven bajo amenaza permanente, con restricciones a la movilidad, miedo a ser señalados y ausencia total de garantías. En Arauca, el secuestro no es un hecho del pasado ni una excepción: es una herramienta vigente de intimidación y dominio, ejercida contra campesinos, trabajadores y ciudadanos sin poder alguno.
Frente a este panorama, el silencio de quienes dicen defender los derechos humanos es estruendoso. No hay marchas, no hay comunicados, no hay condenas contundentes cuando las víctimas son colombianas y el victimario es una guerrilla que durante décadas ha usado el secuestro como arma política y financiera.
El discurso de la “lucha social” se derrumba ante los hechos. No existe causa que legitime la privación ilegal de la libertad, ni ideología que justifique que civiles sean retenidos, juzgados y castigados por un grupo armado al margen de la ley. Lo que ocurre en Arauca no es resistencia, no es justicia comunitaria y no es acción política: es terrorismo contra la población civil.
Resulta grave que se convoque a la movilización social para causas externas, mientras se ignora deliberadamente el sufrimiento de las comunidades locales. Esa incoherencia no es ingenua. Cuando se calla frente al secuestro, se termina normalizándolo. Cuando se justifica al victimario, se abandona a la víctima.
Arauca no necesita solidaridad selectiva ni discursos ideológicos desconectados del territorio. Necesita pronunciamientos claros, denuncias firmes y una exigencia inequívoca: libertad para todos los secuestrados y cese inmediato de esta práctica criminal.
Todo lo demás es retórica vacía. Y el silencio, en este contexto, no es neutralidad: es complicidad política y moral.
Frente al secuestro de dos ciudadanos identificados como Luis Enrique Godoy, de 54 años, natural de Cúcuta y Hugo González Godoy, de 47 años, el grupo armado ilegal expidió un comunicado donde hace referencia a este plagio.
En el escrito compartido por redes sociales asegura que ambas personas fueron retenidas bajo el señalamiento de estar «entregando logística» a estructuras vinculadas con Antonio Medina.
En el documento, el ELN afirma que los ciudadanos están siendo sometidos a un proceso bajo su «juridicidad» y asegura que en los próximos días serían liberados para retornar a sus hogares.
