La justicia colombiana determinó que los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 470-94635 y 470-94634, ubicados en la vereda Las Atalayas del municipio de Aguazul, eran propiedad privada al momento de su comercialización en 2012 y no terrenos baldíos.
Así lo estableció el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Yopal al amparar los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación de Josué Alirio Barrera Rodríguez.
La decisión judicial ordena a los periodistas Camila Gómez, Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño, vinculados al medio CasaMacondo, realizar una rectificación pública en un plazo de tres días tras la notificación del fallo.
La providencia especifica que los comunicadores deben aclarar que la adquisición de dichos terrenos se realizó mediante una compraventa legal al señor José Antonio Cala López, formalizada a través de la escritura pública número 2915 del 14 de noviembre de 2012.
El juez dispuso que esta rectificación debe contar con un despliegue informativo equivalente al que tuvieron las publicaciones originales donde se difundieron las afirmaciones cuestionadas.
El fallo enfatiza la obligación de los profesionales de la comunicación de cumplir con su responsabilidad de informar con veracidad e imparcialidad.
Finalmente, el juzgado notificó a las partes que la decisión es susceptible de impugnación dentro de los tres días siguientes a su comunicación.
En caso de no presentarse recurso alguno, el expediente se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a los procedimientos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.
