En un avance determinante para la salvaguarda del patrimonio estatal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ha materializado la ocupación de 23 activos, cuyo valor comercial supera los 65.900 millones de pesos.
Esta acción judicial responde a las graves irregularidades halladas en la ejecución del contrato entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Contexto de la Operación Judicial
La investigación se centra en el desfalco ocurrido durante el proceso de contratación destinado a la instalación de 7.277 centros digitales, un proyecto ambicioso que pretendía llevar conectividad a internet a escuelas rurales en 16 departamentos del territorio nacional.
Ante la evidencia de fraude en el manejo del anticipo y la ejecución contractual, el ente acusador ha procedido a afectar el patrimonio de los presuntos responsables.
La Fiscalía argumenta que los bienes objeto de las medidas cautelares habrían sido adquiridos mediante el uso de recursos ilícitos derivados de las maniobras fraudulentas, o bien, que estos activos se mezclaron con dineros de origen legal, contaminando así su procedencia.
Así mismo, se señala la utilización instrumental de las empresas conformantes de la Unión Temporal para facilitar la comisión de los delitos.
Bienes y personas afectadas
Las propiedades afectadas incluyen predios tanto urbanos como rurales, establecimientos de comercio, parqueaderos y diversos activos societarios.
Estos bienes se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Según el expediente, los titulares de estos derechos de dominio son:
- Emilio José Tapia Aldana
- Juan José Laverde Martínez
- Ottomar Lascarro Torres
- Luis Fernando Duque Torres
Las medidas también alcanzan a propiedades registradas a nombre de núcleos familiares cercanos a los mencionados implicados, bajo la presunción de que dichos activos forman parte del esquema de ocultamiento de recursos.
Acciones adicionales sobre funcionarios públicos
De manera paralela a estas ocupaciones, y en concordancia con los fallos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría General de la República, se ha impuesto una medida cautelar sobre un inmueble perteneciente a la exministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Fundamento jurídico y objetivo
Estas actuaciones son de carácter real y patrimonial. Su objetivo primordial es garantizar la recuperación de los fondos públicos que fueron desviados y que, hasta la fecha, no han podido ser ubicados en su totalidad.
La Fiscalía General de la Nación reitera que la extinción de dominio es una herramienta esencial para desarticular las finanzas de aquellos que atentan contra la moralidad administrativa y el erario.