Las actuaciones administrativas iniciadas durante el periodo de presidencia de Heyder Alexander Silva García en la Asamblea Departamental de Casanare derivaron en una demanda por conflicto de intereses que hoy concluye su etapa judicial en el Consejo de Estado.
El proceso tuvo su origen en 2024, cuando el diutado expidió un acto administrativo para crear un cargo de profesional universitario en la duma y, posteriormente, participó en la discusión y votación de una iniciativa orientada a corregir las inconsistencias de esa misma decisión.
Al no declararse impedido, el alto tribunal configuró la existencia de un interés moral directo, decretando en primera instancia la pérdida de investidura el pasado 4 de junio.
Tras agotar diversos recursos, entre ellos una recusación contra cuatro magistrados resuelta en septiembre y recientes solicitudes de aclaración y adición presentada por la defesa de Silva, las cuales fueron
rechazadas el pasado 29 de octubre, el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa dejó en firme la providencia al ratificar que el fallo inicial carecía de ambigüedades.
Con el agotamiento de estos trámites legales, el expediente pasa ahora al Tribunal Administrativo de Casanare para la notificación formal a la Asamblea.