La noticia corrió como pólvora. Un juez había puesto en jaque la elección del próximo contralor departamental. No era un rumor, sino una realidad amparada en una Acción de Tutela que buscaba proteger un derecho fundamental.
El protagonista de esta historia, un ciudadano llamado Carlos Andrés Jiménez Márquez, había logrado lo que muchos consideraban imposible: detener la maquinaria política que ya estaba en marcha.
Todo comenzó el 29 de julio de 2025, cuando la Asamblea Departamental de Casanare, en conjunto con la Universidad de Cartagena, abrió la convocatoria para elegir al contralor para el periodo 2026-2029.
Era un proceso crucial, pero una sombra judicial ya se cernía sobre él. El 5 de agosto, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Yopal, con función de control de garantías, emitió una medida provisional que ordenaba la suspensión inmediata de la convocatoria.
A pesar de la orden, el ciudadano Jiménez Márquez se dio cuenta de que la convocatoria seguía activa en la página web de la Asamblea, lo que le hizo sospechar que la decisión judicial no había sido acatada. Su denuncia motivó un nuevo requerimiento.
El 8 de agosto de 2025, el juez Carlos Eduardo González Ángel reiteró la orden. En su auto, la autoridad judicial exigió a la Asamblea y a la Universidad de Cartagena que informaran, en un plazo de 24 horas, qué acciones habían tomado para cumplir con la medida.
El documento judicial no solo reiteraba la orden, sino que también contenía una advertencia seria. El juez les recordó a los implicados las
consecuencias del desacato, citando el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Dicho artículo establece que ignorar una orden judicial puede acarrear sanciones severas, como arresto de hasta seis meses y multas equivalentes a 20 salarios mínimos mensuales.
Ante este panorama, un poco preocupante, el miércoles 13 de agosto, la Asamblea Departamental de Casanare resolvió cumplir con una orden judicial que afecta el proceso de selección del contralor departamental para el periodo comprendido entre 2026 y 2029.
En consecuencia, se determinó la suspensión de la convocatoria número 046 de 2025, la cual estaba destinada a llevar a cabo el procedimiento de elección para dicho cargo.
Esta decisión responde a una medida provisional dictada por el Juzgado Municipal Penal para Adolescentes con función de control de garantías en Yopal, como resultado de una Acción de Tutela presentada por Carlos Andrés Jiménez Márquez, quien cuestionó la legalidad de la convocatoria mencionada.
La resolución fue suscrita por Marisela Duarte Rodríguez, segunda vicepresidente de la Asamblea, y por su presidente, Juan Fernando Mancipe Pérez. Su aplicación fue inmediata desde el mismo momento en que se publicó oficialmente .