Un análisis de la Contraloría General de la República reveló que el pico de la contratación directa en el país se presentó entre el 25 y el 30 de enero de 2026, alcanzando los $14,8 billones de pesos justo antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías.
Solo en la jornada del 30 de enero se reportaron adjudicaciones por $5,7 billones, completando un consolidado mensual de $32,88 billones distribuidos en 521.269 contratos.
Este volumen financiero representa un crecimiento del 30,4% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando la cifra se situó en $25,22 billones de pesos.
En el desglose por niveles de gobierno, las entidades territoriales lideraron la ejecución con $17,7 billones, mientras que el orden nacional sumó $14,87 billones y las corporaciones autónomas $0,3 billones.
Dentro de las modalidades utilizadas, las órdenes de prestación de servicios (OPS) predominaron con el 96,2% del total de contratos suscritos, equivalentes a $22,34 billones. Instituciones como el Sena, el ICBF y la Aeronáutica Civil encabezaron el ranking nacional en montos adjudicados, mientras que Barranquilla, Medellín y Cali registraron las cifras más altas en el ámbito territorial.
