El director de rentas de Casanare, Yonny Silva Rivera, presentó un balance sobre las estrategias anticontrabando en el departamento y manifestó su preocupación ante la entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, el cual establece un incremento del 110% en el impuesto a los licores y un porcentaje superior para los cigarrillos.
Impacto en el precio y el consumo
Según las proyecciones de la dirección de rentas, el costo de una botella de aguardiente, que promediaba los $40.000, podría ascender a los $70.000 tras la aplicación del gravamen.
Silva Rivera señaló que, aunque la medida se denomina «impuesto saludable», existe escepticismo sobre su capacidad para desincentivar el consumo. En su lugar, se prevé una migración de los consumidores hacia productos no afectados por la norma, como cervezas, vinos o aperitivos.
Tampoco se descarta que la medida se convierta en un incentivo para el mercado ilegal de licores de contrabando o adulterado, por cuando algunos consumidores, buscando mejores precios, acudan a este tipo prácticas.
Riesgos fiscales y de seguridad
La administración departamental identificó cuatro puntos críticos derivados del alza, comenzando por el aumento del precio final incrementa el margen de ganancia para el contrabando y la adulteración.
Así mismo una recesión en el sector, debido a que productores como la Fábrica de Licores de Antioquia reportan que las ventas de enero no alcanzan el 10% de lo proyectado.
Otro punto sensible es la afectación en el recaudo. Se advierte que la naturaleza regresiva del impuesto podría derivar en una menor recaudación total para el departamento.
Y finalmente la medida puede repercutir en una desfinanciación de la salud. La disminución en la comercialización de tabaco legal reduciría los giros hacia la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Control de adulteración
De otro lado Silva también hizo referencia al programa anticontrabando, reforzado los operativos conjuntos con la Policía Nacional, alcanzando cifras récord de incautaciones el año anterior.
Actualmente, la vigilancia se centra en un aguardiente de alta rotación, buscando evitar cifras de adulteración similares a las del Valle del Cauca, donde se estima que el 25% del producto en el mercado es irregular.
Incertidumbre jurídica
El sector comercial ha frenado los pedidos a las licoreras a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una demanda interpuesta contra el decreto antes mencionado.
Mientras tanto, el departamento mantiene campañas de educación y control directo en establecimientos para mitigar los riesgos de salud pública asociados al licor de dudosa procedencia.