Tras la reunión con Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio del Interior Armando Benedetti, no hay acuerdo entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional.
Los gobernadores siguen firmes en la defensa de la autonomía territorial y de los recursos que garantizan salud, educación y deporte en las regiones y acudirán a la Corte Constitucional de Colombia para la suspensión del decreto 1474 de 2025 en lo referente al impoconsumo y el IVA de licores y cigarrillos.
Luego de la reunión adelantada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que participaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro del Interior, Armando Benedetti; gobernadores y delegados departamentales; el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt; y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, los mandatarios regionales confirmaron que no se logró un acuerdo y que el panorama permanece sin modificaciones.
Los gobernadores indicaron que, aunque reconocen la disposición al diálogo manifestada por el Gobierno nacional durante el encuentro, mantienen una posición firme en defensa de los derechos fundamentales a la salud, la educación y el deporte, así como de las rentas cedidas a los departamentos que permiten garantizar la prestación de estos servicios en los territorios.
En este contexto, anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de la implementación del Decreto 1474 de 2025, específicamente en lo relacionado con el incremento del Impuesto al Consumo y del IVA aplicado a licores y cigarrillos.
Así mismo, recordaron que Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, principio constitucional que —según afirmaron— podría verse afectado por las medidas adoptadas, razón por la cual consideran legítimo ejercer su derecho a objetarlas desde las regiones.
Finalmente, los mandatarios reiteraron su disposición a continuar participando en los espacios de diálogo y concertación que convoque el Gobierno nacional, sin renunciar a las acciones jurídicas necesarias para salvaguardar la estabilidad financiera de los departamentos.