Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen
internacional, señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo ante
un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional.
Estos bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las
Víctimas, para su administración con el fin de que sean utilizados para la indemnización de
la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.
Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen
un valor comercial estimado de $41.318.400.000 de pesos, aproximadamente 10 millones de
dólares.
Para lograr su identificación, la Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y
control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos
del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia hace parte.
Igualmente, fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos
probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la
financiación ilegal.
Asimismo, se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y
producción de hidrocarburos de esta empresa. Con este material probatorio se solicitaron
las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior
de Bogotá.
Postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman
Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de
Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado
su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y
transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de
crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible
vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes
de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron
con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -DIJIN, el Ministerio
de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras
autoridades judiciales.
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