El encerramiento de un tramo de la carrera 42, a pocos metros de la calle 30 en el barrio Llano Vargas, ha generado protestas de los residentes y un proceso judicial en curso.
El cierre lo ejecutó el propietario de un predio colindante, quien sostiene que esa porción de vía forma parte de un terreno de su propiedad, adquirido mediante venta realizada por el urbanizador.
Para respaldar su posición, presentó escrituras públicas, planos del proceso de urbanización y certificaciones emitidas por la Oficina Asesora de Planeación durante una administración municipal anterior.
El propietario indicó que el encerramiento responde a un proyecto de construcción que planea desarrollar en el lote, derecho que considera amparado por la ley al tratarse de propiedad privada.
Además, rechazó acusaciones de falta de comunicación con la comunidad: afirmó su hermano, quien es abogado, contactó al presidente de la junta de acción comunal para informar sobre la titularidad del terreno y que se enviaron correos electrónicos con la documentación correspondiente.
Los habitantes del sector, que el lunes 5 de enero se manifestaron en el lugar, argumentan que el tramo en cuestión ha funcionado como vía pública durante más de 15 años, con uso continuo.
Consideran que su cierre constituye una afectación grave para el barrio, al eliminar una salida directa hacia la calle 30 y complicar el acceso de niños y jóvenes a la sede educativa del Braulio González Campestre.
Al final del día, ambas partes mantuvieron sus posturas sin llegar a un acuerdo, por lo que la controversia quedó en manos de la justicia para su resolución definitiva. Mientras se pronuncia la autoridad judicial, vecinos de Llano Vargas tumbaron la cerca y abrieron nuevamente la vía.