Son decenas de quejas que campesinos, usuarios de las Corporaciones Autónomas Regionales, han hecho llegar a la campaña, donde reclaman de esos organismos, transparencia en los procesos de la gestión y sostenibilidad ambiental, especialmente en el campo colombiano.
Según el candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Danilo Leal, en la próxima legislatura del nuevo congreso que se elegirá el 8 de marzo, se debe revisar, el contenido de la ley 99 de 1993, donde se crean las corporaciones autónomas regionales, se establecen sus funciones como administradoras de los recursos ambientales territoriales y se fijan los parámetros de la gestión ambiental territorial.
Se debe revisar aspectos directivos y administrativos como la elección de los directores, donde no se aplican principios meritocráticos y, sobre lo cual, piden la intervención por haberse convertido en un sistema presuntamente corrupto, donde los votos de los consejeros, liderados por gobernadores y alcaldes y otros organismos oficiales y sociales, tienen un alto valor monetario, que luego, para que los inversores recuperen sus platas, se tienen que acudir a prácticas corruptas, como la apropiación de manera fraudulenta de los dineros destinados a la protección de los ecosistemas, del agua, la fauna, los bosques y la investigación científica.
Según el candidato a la Cámara por el Pacto Histórico, Leal Galindo, las CAR, al parecer se han convertido en un gran obstáculo para la buena gestión ambiental y el desarrollo sostenible del territorio de la jurisdicción, porque el trámite de una licencia o permiso para una actividad agrícola, pesquera, o ganadera que requiera pasar por dependencias y manos de funcionarios, se dice que someten a los campesinos y pequeños empresarios a un trámite oneroso y a veces ilegal.
Una de las propuestas que se piensa presentar, es hacer que la Ley que crea el Sistema Nacional Ambiental, delegue ciertas funciones en las administraciones departamentales y locales y que el Ministerio de Ambiente se constituya en verdadero vigilante administrativo de las CAR y de las funciones delegadas en lo departamental y local, además de crear juzgados especializados en el juzgamiento de los delitos medioambientales y hacer que la fuerza pública, las organizaciones de socorro y las ONG ambientales, tengan competencia en coadyubar en la protección, conservación y manejo de los recursos naturales territoriales, es decir, quitarle el componente político en la administración de estas entidades y los sistemas de financiamiento de la corrupción en las que, al parecer, se han convertido las CAR en Colombia.