El Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare admitió una Acción Popular presentada por 12 concejales de Yopal en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Municipio de Yopal y la empresa CATASIG S.A.S., por presuntas irregularidades en el proceso de actualización catastral.
La demanda, radicada bajo el número 850012333000-202500041-00, busca proteger derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el acceso eficiente a servicios públicos.
Contexto del caso
Los demandantes encabezados por Jorge Leonardo Infante Tovar, argumentan que los convenios celebrados entre el Municipio de Yopal y CATASIG S.A.S. para la actualización catastral habrían vulnerado derechos colectivos al contratar con una empresa que carece de idoneidad y experiencia para realizar la gestión catastral, cuando esta labor debió ser asumida por el IGAC.
Así mismo se omitió una adecuada supervisión del convenio interadministrativo, lo que habría generado uso indebido de bienes públicos sin contraprestación.
Y finalmente se implementaron los nuevos avalúos prediales sin socialización previa, lo que habría ocasionado cobros excesivos del impuesto predial unificado.
Decisiones del Tribunal
La magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz, resolvió admitir la demanda tras verificar que cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 472 de 1998. Además, ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público sobre la admisión.
Igualmente pidió comunicar a la comunidad afectada mediante medios masivos. También trasladar la demanda a las accionadas para que respondan en un plazo de diez días y finalmente señaló que es necesario solicitar información sobre posibles acciones similares relacionadas con el caso.
La admisión formal de esta Acción Popular marca el inicio de un proceso judicial que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión catastral y garantizar la protección de derechos colectivos. Las entidades accionadas deberán responder a las acusaciones y aportar pruebas para su defensa.
Este caso ha generado gran interés entre los habitantes de Yopal, quienes han manifestado preocupación por los efectos económicos y sociales derivados de los nuevos avalúos.