Karina Sanabria, vicepresidenta de la veeduría de Torres del Silencio, manifestó ante el Concejo Municipal la preocupación de la comunidad por la demora en los trámites contractuales para la demolición de la infraestructura y el inminente vencimiento de los apoyos económicos para arrendamiento.
Según la información suministrada por la veeduría, el proyecto se encuentra actualmente en la fase de estudios previos, sin que exista todavía un contrato en ejecución.
Otros puntos clave sobre la obra incluyen el cambio de método en la demolición, que inicialmente se contempló mediante el uso de explosivos, se realizará ahora de forma mecánica.
Sobre el tiempo de ejecución de la demolición se ha dicho que una vez inicie la obra, el plazo estimado es de 45 días hábiles, sin contar el tiempo previo de gestión administrativa.
Según la veeduría, sobre el presupuesto se estima un monto cercano a los 19 mil millones, pero aún hace falta aclarar la cifra exacta que se invertirá en este proceso.
No obstante, la principal preocupación expuesta radica en el hecho que los subsidios de arrendamiento otorgados tienen una duración de seis meses, plazo que vence el próximo mes de marzo.
Para esa fecha, se prevé que la demolición apenas esté iniciando, lo que dejaría a la comunidad, integrada en gran parte por personas de la tercera edad y con discapacidad, sin ayuda estatal mientras se adelanta la reconstrucción.
Sanabria señaló que la ley dificulta la ampliación de estos recursos, a menos que exista una disposición directa de la Alcaldía o la Gobernación.
El proyecto cuenta con un convenio firmado desde el 10 de julio del año pasado. En la distribución de compromisos económicos y técnicos la Alcaldía de Yopal a través del Indev se hicieron responsables de la fase de demolición y de aportar recursos para el convenio.
La Gobernación de Casanare, por su parte, se encargará de un porcentaje mayoritario de recursos destinados a la reconstrucción de los apartamentos.
Y la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Yopal, actualmente lidera el proceso para evitar afectaciones por la Ley de Garantías.
La veeduría calificó la situación como una posible negligencia administrativa, argumentando que procesos de similar magnitud suelen avanzar con mayor celeridad.
Para buscar soluciones y claridad en el cronograma, los representantes de la comunidad mantendrán una reunión con la Contraloría y esperan establecer contacto con la Gobernación en las próximas días.