“Yopal se construye legal”, es el programa que viene liderando la Dirección de Planeación del municipio y que tiene con fin combatir y prevenir la proliferación de urbanizaciones y transacciones inmobiliarias irregulares en la ciudad.
La iniciativa busca proteger a los ciudadanos de posibles estafas y de las severas consecuencias de adquirir propiedades en condiciones fuera de la ley.
Según Narda Perilla, titular de Planeación, un equipo multidisciplinario de 14 profesionales, entre ingenieros y arquitectos, está a cargo de educar a la comunidad.
Ellos brindan información detallada sobre la interpretación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los requisitos esenciales para obtener licencias de construcción y las posibles sanciones, que incluyen la demolición de estructuras erigidas ilegalmente.
La campaña enfatiza la importancia de una «compra segura de predios» a través de jornadas de sensibilización. Se orienta a los ciudadanos sobre cómo verificar aspectos cruciales antes de una compra: el uso del suelo, la disponibilidad de servicios públicos básicos, la ubicación del predio dentro del área urbana y la validez de las licencias de construcción.
Perilla alertó específicamente sobre prácticas engañosas como la venta de un número de lotes superior al aprobado en las licencias y la figura del «común y proindiviso», que, aunque legal, impide la construcción individualizada por la falta de parcelación del terreno.
Para maximizar su alcance, la campaña utiliza diversos medios de difusión, incluyendo pasacalles, volanteo, vallas informativas en predios identificados con irregularidades y socialización directa con la comunidad.
La funcionaria destacó que ya han recibido numerosas solicitudes ciudadanas para verificar la legalidad de diversos proyectos inmobiliarios.
Asimismo, Perilla informó que varios casos de urbanizaciones ilegales ya han sido escalados a la Fiscalía para su investigación. Otros expedientes permanecen bajo estricto seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación, con informes y visitas periódicas, antes de ser remitidos a las autoridades judiciales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del patrimonio de los yopaleños.