Un grupo de excomandantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC), nombrados por el Gobierno Nacional como Gestores de Paz en noviembre de 2024, anunció la suspensión de sus funciones y puso su designación a disposición del presidente Gustavo Petro.
En un comunicado público, los firmantes —entre ellos Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40)— señalaron incumplimientos reiterados por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), encabezada por Otty Patiño, como la principal causa de su decisión.
“Un nombramiento simbólico, sin ejecución real”
Los excomandantes afirmaron que su vinculación al proceso como gestores ha sido meramente simbólica, pues la OCCP no ha brindado los recursos ni el respaldo necesarios para desarrollar las tareas asignadas. Denuncian una falta de voluntad política, ausencia de hoja de ruta y cambios unilaterales en los acuerdos previamente establecidos.
Citan como ejemplo una reunión sostenida el 4 de mayo de 2024 con funcionarios de la OCCP, en la que se acordó instalar una mesa de cierre del proceso de Ralito y avanzar en la revisión y posible derogación de la Ley 975 de Justicia y Paz. Aunque los delegados Otty Patiño y Álvaro Jiménez se comprometieron a instalar la mesa antes del 4 de junio, la iniciativa fue abandonada sin justificación, según los firmantes.
🚫 Denuncian cancelaciones, falta de reuniones técnicas y nulo avance en 8 meses
Desde su designación, aseguran, no se han convocado reuniones técnicas ni se ha asignado presupuesto operativo. Tampoco se han producido avances en los temas propuestos, como:
• Impulsar acciones humanitarias.
• Identificar bienes entregados por las extintas ACC.
• Concretar estrategias de cierre jurídico del proceso.
A ello se suma la cancelación repentina de una plenaria nacional con los Gestores de Paz, organizada por la OCCP y desconvocada 48 horas después sin argumentos técnicos, jurídicos ni de seguridad. La medida, según indican, fue tomada por Otty Patiño, María Paz Lara, Rodrigo Rojas y Álvaro Jiménez.
“Sin una estrategia clara, este proceso pierde legitimidad”
Los excomandantes aseguran que el proceso de paz se ha debilitado por la falta de claridad institucional, lo que compromete los esfuerzos de reparación, verdad y reconciliación. Cuestionan también la designación de equipos externos que, a su juicio, desconocen la realidad territorial y la complejidad del conflicto.
“El empresariado y algunos sectores prefieren pagar multas antes que entregar la verdad. Sin información transparente y sin voluntad política, los casanareños, los metenses y las víctimas seguirán siendo los más afectados”, advierten.
Por ahora, los ex-Gestores de Paz aseguran que no continuarán en sus funciones hasta que el Gobierno revise los compromisos incumplidos y se restablezca una hoja de ruta clara y verificable.