El agente de tránsito de Yopal, Gonzalo Vergara Salamanca, fue imputado por el delito de concusión, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia, el funcionario no aceptó los cargos.

El caso que lo involucra está relacionado con un accidente de tránsito ocurrido el viernes 28 de febrero en la calle 60, cerca del caño Usívar. Según la investigación, un joven que conducía una camioneta perteneciente a una empresa contratista chocó contra otro vehículo. Aunque las partes involucradas llegaron a un acuerdo, Vergara Salamanca habría exigido presuntamente la suma de dos millones de pesos al conductor, argumentando que debía someterse a una prueba de alcoholemia en el Hospital Regional de la Orinoquía.

El agente fue capturado el 4 de marzo en un operativo conjunto del CTI y el Gaula Militar. Posteriormente, el 5 de marzo se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, y el 6 de marzo se realizó la imputación de cargos.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural, argumentando que, al continuar en ejercicio como agente de tránsito, Vergara Salamanca podría manipular pruebas o influir en testigos. Esto, debido a que las evidencias del caso reposan en la Secretaría de Movilidad, entidad donde el imputado tiene acceso por su antigüedad y conocimiento del sistema.

Como parte del material probatorio, se presentó una grabación en la que presuntamente se escucha al acusado hablar sobre tarifas ilegales que serían cobradas por funcionarios de Medicina Legal y del Hospital Regional de la Orinoquía para alterar los resultados de pruebas de alcoholemia.

Asimismo, la investigación señala la posible participación de una médica, quien habría realizado una prueba de embriaguez a un conductor implicado en el accidente. Se conoció, además, la existencia de videos en los que el joven conductor del siniestro aparecería en aparente estado de embriaguez.

De acuerdo con la denuncia, Vergara Salamanca habría solicitado los dos millones de pesos para modificar la prueba de alcoholemia, con la supuesta intención de repartir el dinero en partes iguales con la profesional de la salud involucrada.

El agente de tránsito no aceptó los cargos, y el proceso continúa en investigación. En los próximos días, se definirá la medida cautelar en su contra.