Luego de varios días de incertidumbre y una intensa presión ejercida por sus familiares a través de medios de comunicación, Samara Ramírez, una niña de cuatro años internada en el Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), fue finalmente remitida a un hospital de tercer nivel, donde podrá recibir la atención médica especializada que requiere con urgencia.
La menor, que permanecía hospitalizada desde el pasado 19 de julio, ingresó con síntomas como dolor abdominal, vómito persistente y falta de tolerancia a los alimentos. Tras varios exámenes, los médicos del HORO diagnosticaron hepatitis, una bacteria en el hígado y un quiste en el colédoco, condiciones que requerían intervención quirúrgica inmediata y el manejo por un gastroenterólogo pediátrico.
Pese a la gravedad del cuadro clínico y a que la remisión fue recomendada desde su ingreso, la familia denunció públicamente la falta de respuesta oportuna por parte de Nueva EPS, entidad encargada de autorizar el traslado a una institución de mayor complejidad.
Durante siete días consecutivos, los allegados de Samara adelantaron múltiples gestiones legales y administrativas, entre ellas derechos de petición, una acción de tutela y solicitudes formales a la Secretaría de Salud de Casanare, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la administración del hospital. Sin embargo, según denunciaron, solo tras la divulgación del caso en medios de comunicación, la EPS finalmente autorizó el traslado.
“La salud de mi hermana empeoraba con el paso de los días. Nos sentimos impotentes, pero gracias al apoyo de los medios y la presión ciudadana, hoy finalmente fue remitida”, expresó Johan Ramírez, hermano de la menor, extraoficialmente.
Cabe resaltar que, en las últimas horas antes del traslado, la condición de Samara se había agravado con un nuevo diagnóstico de pancreatitis, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones severas si no recibía atención especializada de inmediato.
La familia agradeció el respaldo recibido por la comunidad y los medios, al tiempo que hizo un llamado a las entidades de salud para que prioricen la vida de los pacientes sobre la tramitología y eviten que otros niños enfrenten situaciones similares por demoras injustificadas.