El Tribunal Administrativo de Casanare desestimó la solicitud del Consorcio Nacua, que pretendía suspender de manera provisional el proceso administrativo sancionatorio adelantado en su contra por el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (INDEV).
La petición buscaba dejar sin efectos temporales la Resolución 0377 de 2025, mediante la cual se abrió investigación por presunto incumplimiento contractual, lo que eventualmente podría derivar en sanciones económicas para el consorcio.
La decisión fue adoptada el 4 de septiembre por la magistrada Inés del Pilar Núñez Cruz, quien precisó que la medida cautelar no era procedente, ya que el acto cuestionado únicamente ordena el inicio de la actuación administrativa, sin definir el fondo del asunto.
El Consorcio Nacua había argumentado que la continuidad del proceso generaba inseguridad jurídica y contradicciones, pues de manera paralela cursa un litigio judicial sobre las condiciones económicas del contrato.
No obstante, el Tribunal consideró que no se aportaron pruebas suficientes que demostraran que la suspensión cautelar afectaría menos al interés público que la continuidad del trámite administrativo.
Con esta determinación, el proceso sancionatorio seguirá su curso mientras se define el litigio principal en la jurisdicción contencioso administrativa.