A pocas semanas del inicio de la cosecha de arroz en Casanare, los productores del grano encendieron las alarmas por la fuerte reducción en el precio del arroz paddy verde, el cual ha caído en un 25 % en comparación con el año anterior, pese al aumento sostenido en los costos de producción.
Henry Sanabria, presidente de la junta directiva de Fedearroz Casanare, calificó la situación como “sin precedentes” en la región. Según indicó, la tendencia a la baja comenzó en septiembre de 2023, contrariando las expectativas de los agricultores, quienes esperaban una recuperación en los precios de cara a la nueva temporada de recolección.
Sanabria descartó que la caída esté asociada al incremento de las áreas sembradas, calificando esa versión como “especulativa”. También negó que el censo agrícola haya influido, recordando que el informe oficial del DANE sobre las áreas cultivadas se publicará entre el 11 y el 15 de agosto.
Sobre el contrabando, el dirigente explicó que, aunque los acuerdos de la Comunidad Andina permiten el ingreso legal de arroz desde países como Perú y Ecuador, estos también atraviesan dificultades similares, con precios deprimidos y graves afectaciones por eventos climáticos, como inundaciones.
No obstante, Sanabria expresó que, a título personal, considera que la situación obedece a una especie de “guerra comercial” entre grandes industrias molineras que estarían presionando a la baja el precio del arroz blanco para obtener ventajas en las licitaciones de venta a cadenas de supermercados como Ara y D1.
Como ejemplo, mencionó que Fedearroz pasó de despachar entre 60 y 70 mulas semanales de arroz a la cadena Ara, a solo 10 en la actualidad. Además, denunció que el precio por libra del arroz paddy verde cayó de $1.552 en 2023 a $1.252 este año, lo que representa pérdidas de hasta $15.000 por carga en la zona centro del departamento y alrededor de $10.000 en los Llanos.
El gremio arrocero ha advertido que esta situación no solo pone en riesgo la sostenibilidad económica del cultivo, sino que podría afectar la seguridad alimentaria del país, al desincentivar la producción nacional en favor de importaciones y prácticas comerciales desfavorables para los pequeños y medianos productores.