El proceso de elección para el próximo director o directora de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) enfrenta un nuevo episodio de críticas y retos jurídicos, tras la reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada el pasado lunes 25 de noviembre. La sesión, destinada a acatar un fallo del Consejo de Estado y reanudar el proceso desde 2023, estuvo marcada por desacuerdos y denuncias que ponen en entredicho la transparencia de la corporación.
CONTROVERSIAS EN EL CONSEJO DIRECTIVO
El abogado Lenin Bustos, en representación de la veeduría ciudadana, calificó como inadmisible su exclusión de la reunión. Según Bustos, esta decisión vulneró su derecho a participar como asesor de la veeduría. Además, denunció que las recusaciones presentadas en 2023 no fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación para su análisis, lo que, según él, habría garantizado un proceso más imparcial.
Otro de los señalamientos del abogado fue la omisión de publicar en el portal oficial de la corporación el proyecto de acuerdo que reanudaba la elección, incumpliendo con los principios de transparencia. En respuesta a estas acusaciones, el Consejo Directivo decidió avanzar con el orden del día, fijando la elección para el próximo 2 de diciembre a las 7:00 a.m.
Durante la reunión, se retomó el proceso desde el punto 13 del orden del día de 2023, siguiendo la orden del Consejo de Estado, y se aceptó el desistimiento de las recusaciones por parte de la Veeduría para la Transparencia y el Mérito. Este desistimiento quedó consignado en el Acuerdo 200.3.3.24.005, publicado en el sitio web de la entidad.
UN ORGANISMO EN CRISIS DE CREDIBILIDAD
A pesar de las decisiones tomadas, la percepción pública hacia Corporinoquia sigue siendo negativa. Denuncias de presuntas irregularidades administrativas, retrasos en trámites y posibles conflictos de interés han llevado a que la corporación enfrente un grave deterioro en su imagen.
El próximo 2 de diciembre será un momento clave para demostrar si la entidad logra superar los cuestionamientos y retomar la confianza de la ciudadanía, garantizando un proceso de elección que respete los principios de legalidad y transparencia.