Colombia

“Es lamentable que todos los días cientos de niñas, niños y adolescentes sean sometidos a abandono, desprotección y todo tipo de violencias”

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En la conmemoración del Día Mundial del Niño, el Defensor del Pueblo, además, reiteró el llamado a todas las instituciones y la sociedad civil para que la niñez, como sujeto de especial protección constitucional, tenga protección integral.

A las administraciones territoriales que comienzan a gobernar desde el

primer día del próximo año, las instó a incluir en sus agendas, como un punto prioritario, la garantía de los derechos de la niñez.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este año ha

n ingresado más de 39.000 niñas, niños y adolescentes a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos del ICBF.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a toda la sociedad colombiana para que genere entornos protectores que permitan a la niñez el pleno goce de sus derechos como sujetos de especial protección constitucional.

“Es lamentable que todos los días cientos de niñas, niños y adolescentes sean sometidos a abandono, desprotección y todo tipo de violencias. Bienestar Familiar reportó que 39.316 menores de edad han ingresado este año a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, es decir, cada día han ingresado 123 por hechos de violencia. Reiteramos el llamado a todas las instituciones del Estado, a las familias y a la ciudadanía en general a proteger de manera integral a la niñez”, indicó Carlos Camargo Assis en la conmemoración del Día Mundial del Niño.

El Defensor del Pueblo, adicionalmente, solicitó a las nuevas administraciones municipales, las cuales asumirán en propiedad desde el 1 de enero del próximo año, que la garantía de derechos de la niñez y adolescencia sea una prioridad en la agenda pública.

“Generen mecanismos de protección que permitan a las infancias tener una vida libre de violencias, que puedan crecer en espacios protectores y no ser abandonados, que les garanticen sus derechos a la integridad, alimentación, educación, familia, salud, entre otros”, expresó Camargo Assis.

Adicionalmente, condenó que la violencia sexual siga siendo una de las violencias más reportadas, con casi 12.000 procesos de restablecimiento de derechos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de 14.700 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría reitera las recomendaciones formuladas en su informe ‘Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Colombia: análisis de la respuesta estatal’ a los ministerios de Salud y Protección Social, Educación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al mismo ICBF, a la Fiscalía, la Rama Judicial, las comisarías de Familia, a todas las entidades responsables de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, a la academia y las familias.

“El entorno familiar se configura como uno de los escenarios en los que existe mayor riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean violentados en su integridad sexual, pero también se constituye como uno de los espacios claves para la detección de señales, educación preventiva y red de apoyo para afrontar los hechos de violencia. A esto se suma que en la aplicación de la ruta hay múltiples obstáculos en acceso, oportunidad y respeto a la dignidad de las víctimas”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Otro de los llamados de Camargo Assis a la sociedad en su conjunto es a no confundir la libertad de expresión y la crítica política con hechos de violencia que atenten contra los derechos de los menores de edad, como lo que le sucedió días atrás a la hija menor del presidente de la República, Gustavo Petro, en Barranquilla.

La institución garante en el país de los derechos humanos insta a todas las entidades del Estado a que prioricen en sus agendas acciones focalizadas en la garantía de los derechos de las niñas y los niños; igualmente, a que pongan en marcha, de forma articulada, procesos tendientes a minimizar y erradicar las amenazas y vulneraciones que afectan su integralidad.

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