En el contexto de Casanare, la JEP reveló la actuación de una red criminal de, al menos, 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los ‘falsos positivos’. Esta red se implantó y operó en la Brigada XVI, bajo el mando del general (r) Henry William Torres Escalante.
Los batallones y unidades operativas adscritas a la Brigada XVI, cuyos miembros estaban inmersos en esta organización criminal, fueron: el ‘Batallón Ramón Nonato Pérez’ (Birno); los batallones contraguerrillas 23 ‘Llaneros del Rondón’, el 29 ‘Héroes del Alto Llano’ y 65 ‘Batalla de Cachirí´.
Así mismo, estaban implicados miembros de los grupos especiales Delta y del Gaula Casanare, cuya función anti extorsión y secuestro se vio tergiversada y orientada a alimentar las cifras de resultados operacionales a través de asesinatos y desapariciones forzadas.
Una característica del entramado criminal que se gestó en Casanare fue el gasto de recursos públicos. La JEP recopiló evidencia de que los recursos de la Dirección del Gaula y de Fonde libertad se usaron para financiar a los reclutadores y comprar armas para implantar a las víctimas.
José Hilario López, representante legal de las víctimas, intervino saludando primero “a los y las ausentes”. Luego, expresó que “los asesinatos de civiles indefensos crecieron en aquella siniestra época en la que el discurso dominante era ‘mano firme, corazón grande’
Recordar los crímenes como ocurrieron y nombrar a sus autores como corresponde hace parte de la memoria, de la verdad, de la historia, pero, sobre todo, de la dignificación de quienes fueron ultrajados, dijo José Hilario López.
