• Entre los afectados se encuentra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, quien será vinculado por ser presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos.
• La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al
cronograma de obra, entre otras irregularidades.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso ´Odebrecht´, no cesa en su empeño de esclarecer todo el entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en torno a contratos que generaron una serie de irregularidades, sobornos a funcionarios y beneficios económicos para esa empresa.
Es en ese sentido, dentro de la primera línea de investigación que se refiere a las supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia durante los años 2009 a 2016, específicamente en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, fueron llamados a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Fiscalía recaudó el suficiente material probatorio y evidencia física que demostraría que, al parecer, esas personas intervinieron en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista.
Llamados a imputación
Los 33 presuntos implicados fueron llamados a imputación de cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cada uno será imputado de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares de cada otrosí.
Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas.
A continuación, se relacionan las personas que fueron llamadas a imputación, con los cargos que desempeñaban para el momento de los hechos:
- Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
- Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual
(contratista). - Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión
(contratista). - Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
- José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.
- Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.
- Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.
- María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.
- Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de
Planeación, Riesgos y Entorno. - Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual
(contratista). - Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.
- Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
- Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
- Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto
G3 7 (contratista). - Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno –
vicepresidente de Gestión Contractual. - David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
- Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
- Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.
- Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
- Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.
- Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).
- Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.
- Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.
- María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
- Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos – Gestión Contractual 2.
- Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de
Asuntos Contractuales. - Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.
- Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.
- Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).
- Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.
- Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).
- Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.
- Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.
Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación.
Los otrosíes presentan estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios e incompletos. Los
documentos objeto de la investigación son:
• Otrosí No. 1 del 11 de marzo de 2013: irregularidades en el estudio de conveniencia y oportunidad que desconocieron los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación estatal. Los investigadores evidenciaron, por ejemplo, que se le otorgó una ventaja al concesionario al bajar los parámetros de calidad en los pavimentos lo cual permitió reducir los costos de construcción que ya estaban definidos. Y se realizó pago proporcional anticipado sin haberse culminado la obra, generando un impacto negativo por valor de $2.227´684.344.
• Otrosí No. 2 del 5 de abril de 2013: por el cual se autoriza ampliación de plazos de inicio de operaciones doble calzada y ajustes de programación de obras. Es evidente que en algunos tramos de la obra se presentó retraso en el inicio de la construcción por cinco eventos considerados como de no responsabilidad del contratista, cuando en realidad si lo fueron. Por ejemplo, se verificó que el contratista durante cinco meses no realizó trámite alguno para la licencia ambiental lo que fue considerado, al parecer, por los funcionarios llamados a imputación como un tema de fuerza mayor. En este punto,
consecuencia de lo anterior, dio lugar a que el concesionario solicitara reconocimientos económicos infundados en perjuicio del Estado y se dejaron de cobrar multas por retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.
• Otrosí No. 4 del 28 de octubre de 2013: por el cual se autoriza la ampliación de plazos en el inicio de operación de la doble calzada en los tramos 2, 3, 4 y 7 del proyecto y el ajuste de reprogramación de obras. En este punto se habría permitido que el contratista ajustara el cronograma de obra a su conveniencia. También dio lugar a reclamaciones económicas posteriores a favor del concesionario y se dejaron de cobrar multas por retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.
• Otrosí No. 5 del 19 de diciembre de 2013: por el cual se adiciona al contrato de concesión la elaboración de los estudios y diseños fase III de la intercepción a desnivel para el acceso a Puerto Boyacá. Para el cumplimiento de este objeto contractual se asignaron $837.871.486. Esta obra no estaba contemplada en el proyecto inicial y los estudios de conveniencia y oportunidad no estaban ajustados a los requerimientos de ley.
• Otrosí No. 8 del 23 de diciembre de 2014: por el cual se autoriza el ingreso de recursos a la subcuenta de estudios. El presupuesto girado para la construcción de la obra fue de $10.330.791.573 y tenía como destinación inicial la ejecución de las obras relacionadas con la intersección del desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). En los estudios de conveniencia y oportunidad en los comités y en los otrosíes 5 y 8 no se contó con el concepto previo del Consejo Nacional Política Económica y Social (Conpes) y no se realizaron los trámites previos ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la autorización de nuevas vigencias futuras o su reprogramación.
• Otrosí No. 10 del 3 de noviembre de 2016: que tiene modificaciones al alcance de las obligaciones del concesionario. Las personas llamadas a imputación presuntamente con su proceder eliminaron la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación del tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Al tiempo presuntamente se desconoció el estado de la obra ejecutada y se habría autorizado un descuento de $19.976.971.349 por las obras no ejecutadas, pero en realidad el valor a descontar era de $65.395.611.623, lo cual obró en beneficio del concesionario y en perjuicio de los intereses del Estado, por un valor indexado a mayo de 2023 de $86´789.846.127.
Las audiencias de imputación fueron radicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao y su realización está sujeta a la designación de hora, fecha y juzgado, que haga la Judicatura por reparto.
FISCALÍA REVELA ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN CON EL CUAL DIRECTIVOSDE ODEBRECHT HABRÍAN CREADO UNA EMPRESA CRIMINAL PARA ENTREGAR MÁS DE 80 MIL MILLONES DE PESOS EN SOBORNOS EN COLOMBIA
Fiscalía General de la Nación (FGN) de Colombia anunció el 17 de agosto de 2023 que citará a imputación a 22 personas por su presunta participación en el caso Odebrecht. Entre los citados se encuentran directivos de Odebrecht, lobistas, contratistas y particulares.
La investigación de la FGN señala que Odebrecht creó un departamento llamado Operaciones Estructuradas, que se encargaba de pagar sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos. Los sobornos se pagaron a través de empresas offshore, subcontratistas y modificaciones a los contratos.
La investigación también señala que Odebrecht obtuvo beneficios fiscales y contractuales por más de 340 mil millones de pesos. Estos beneficios incluyen:
- Un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años.
- La adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, por un valor de 2 billones de pesos, a pesar de que Odebrecht no era la oferta más favorable.
- La modificación del contrato de la Ruta del Sol II, para aumentar el valor del contrato en más de 190 mil millones de pesos.
La FGN ha logrado 11 condenas por el caso Odebrecht, y espera que las imputación de cargos anunciadas hoy lleven a más condenas.
El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más importantes en la historia de Colombia. Los sobornos pagados por Odebrecht han tenido un impacto negativo en el país, en términos de:
- El aumento de la deuda pública.
- La disminución de la inversión extranjera.
- El deterioro de la imagen de Colombia en el exterior.
El caso Odebrecht es un recordatorio de que la corrupción es un problema grave que puede tener consecuencias devastadoras para los países. Es importante que las autoridades de los países tomen medidas para prevenir y combatir la corrupción.
Operativos a nivel nacional le permitieron a la Fiscalía ocupar bienes de exfuncionarios públicos, presuntamente implicados en hechos de corrupción.
Claro, aquí está el resumen del texto que proporcionaste:
La Fiscalía General de la Nación ocupó 83 bienes que serían parte del patrimonio ilegal de personas presuntamente implicadas en actos de corrupción. Los operativos se llevaron a cabo en 12 municipios de 7 departamentos y afectaron 69 inmuebles, 12 vehículos y 2 sociedades. El valor preliminar de los bienes incautados supera los 36.620 millones de pesos.
Los operativos se llevaron a cabo en los siguientes departamentos:
- Sucre
- La Guajira
- Atlántico
- Risaralda
- Bogotá
Los bienes incautados incluyen:
- Inmuebles rurales y urbanos
- Vehículos
- Sociedades
Los operativos fueron realizados en desarrollo de la estrategia Argenta, diseñada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones ilegales.
OPERATIVOS EN EL PAÍS LE PERMITIERON A LA FISCALÍA OCUPAR BIENES DE EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS, PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN HECHOS DE CORRUPCIÓN
La Fiscalía ocupó propiedades a nombre de los hermanos William David y Jorge Eliecer Mercado Chenique, investigados por posibles hechos de corrupción cometidos entre 2013 y 2016. Los dos hombres como directivos de una IPS local habrían afectado el erario departamental en, al menos, 13.000 millones de pesos sin mediar contratos suscritos con la Secretaría de Salud de Sucre.
La Guajira: Las propiedades ocupadas harían parte del patrimonio de exfuncionarios de Corpoguajira y otros ciudadanos que habrían incurrido en irregularidades superiores a los 1.823 millones de pesos. De esta manera, la corporación autónoma pagó actividades y servicios que nunca se prestaron. 13 personas fueron judicializadas por estos hechos.
Atlántico y Bogotá: Entre 2013 y 2020 personas naturales, al parecer, crearon sociedades fachada en Bogotá y Barranquilla a través de las cuales se efectuaron operaciones de ingreso irregular de calzado, confecciones y textiles por Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla. En estas acciones estarían involucrados intermediarios y agentes aduaneros; además de exfuncionarios y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes habrían manipulado los sistemas informáticos de esa entidad.
Arauca, Santander y Bogotá: La Fiscalía ocupó propiedades a nombre de tres exfuncionarios de la administración municipal para el periodo 2008 – 2012. Se trata del exalcalde William Alfonso Reyes Cadena; el exsercretario de Hacienda José Andrides Cadena García, y del tesorero del departamento Yandres Aníbal Herrera Bernal. Estas personas habrían girado 16.000 millones de pesos a una cuenta personal de Héctor Jairo Bonilla López, los cuales correspondían a los excedentes de las regalías.
Risaralda: Fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocuparon bienes, presuntamente adquiridos con dineros producto del pago irregular de cesantías, en hechos ocurridos entre 2013 y 2021. La investigación determinó que Juan Andrés Ulloa Muñoz liquidó indebidamente dicha prestación social de varios servidores de la alcaldía de Pereira. El monto superó los 1.926 millones.
Atlántico y Bolívar: La Fiscalía determinó que varias personas se concertaron para cometer los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documentos públicos durante los años 2012, 2013 y 2014 que generaron el menoscabo del erario por 20.184 millones de pesos. En este caso se constató que se ordenó a dos entidades de la salud brindar la atención integral de los pacientes de hemofilia, sin establecer las tarifas y los precios que debían considerarse para tal prestación.