Un bloque de gobernadores anunció que no aplicará, en sus territorios, los tributos creados o ajustados por el Decreto Legislativo 1474 de 2025, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro bajo el estado de emergencia económica.
La decisión se comunicó tras una reunión extraordinaria en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y se concentra en medidas que afectan rentas departamentales, en especial las relacionadas con licores y cigarrillos, además de un aumento del IVA para ciertas bebidas alcohólicas.
Los mandatarios regionales argumentan que el decreto altera la autonomía fiscal de los departamentos y que reduce recursos destinados a servicios como salud y educación.
En el comunicado citado por varios medios, señalaron que evaluarán mecanismos jurídicos para frenar la aplicación del decreto mientras la Corte Constitucional decide sobre la emergencia y sus decretos tributarios.
Entre las vías anunciadas figuran el uso de la “excepción de inconstitucionalidad” para inaplicar disposiciones consideradas contrarias a la Constitución, la presentación de acciones judiciales (incluidas tutelas, según declaraciones recogidas en prensa) y una solicitud de intervención ante la Corte Constitucional mediante una comisión de voceros.
Las críticas se enfocan en cambios al impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, además del incremento del IVA del 5% al 19% para ciertos productos (con excepciones señaladas por los medios).
Los gobernadores sostienen que estas modificaciones comprometen ingresos que, según su posición, son propios de los departamentos y se destinan a gasto social.
Adicionalmente, algunos mandatarios denunciaron la inclusión de un artículo —mencionado como “mico”— que limitaría el recaudo departamental al obligar a transferir a la Nación los ingresos que superen el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026.
El Gobierno respondió con advertencias de acciones jurídicas. Los ministros del interior, Armando Benedetti, y de justicia, Andrés Idárraga, cuestionaron que gobernadores “inapliquen” un decreto con fuerza de ley y señalaron que la competencia para decidir sobre su constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda y la DIAN defendieron públicamente que las medidas no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales y que respetan el recaudo y administración departamental, de acuerdo con la información citada por la prensa.
El pulso queda a la espera de los tiempos y decisiones de la Corte Constitucional sobre la declaratoria de emergencia económica y los decretos expedidos bajo esa figura. Mientras tanto, el Gobierno convocó a una reunión con mandatarios regionales para discutir los alcances de la medida.
