El sistema de concurso público para la elección de cargos de control fiscal en Colombia se diseñó bajo la premisa de blindar la meritocracia frente al apetito de la clase política.
Sin embargo, en la práctica, los procesos de selección terminan convertidos en una antesala donde el rigor académico se reduce a un mero requisito de habilitación, mientras el peso definitivo recae en la discrecionalidad de las corporaciones públicas.
El más reciente proceso para la Contraloría Departamental de Casanare expone con crudeza esta fisura institucional.
La Universidad Nacional de Colombia entregó los resultados definitivos del concurso de méritos, dejando al exdirector de Planeación Departamental, Humberto Alirio Martínez, en la tercera posición con 82,55 puntos.
Aunque Martínez obtuvo una calificación sobresaliente de 99 sobre 100 en la prueba de conocimientos técnicos —demostrando suficiencia en la materia—, la ponderación final de factores como experiencia y formación adicional lo ubicó por debajo de aspirantes como Pedro Antonio Ordóñez, quien obtuvo el primer lugar con 94,05 puntos.
Lo cuestionable del escenario no reside en la puntuación obtenida por Martínez, sino en el trasfondo predictivo que rodeó el concurso.
Meses antes de que el alto centro académico publicara las calificaciones definitivas, los corrillos políticos del departamento ya señalaban con absoluta certeza el nombre del exfuncionario como el inminente ganador del pulso por la Contraloría.
Esa sincronía entre las filtraciones de pasillo y el resultado final —que le bastó con asegurar el umbral para integrar la terna— reaviva el escepticismo ciudadano sobre la verdadera eficacia de los filtros universitarios frente a las proyecciones de la burocracia regional.
La trayectoria de Martínez, marcada por su paso al frente de la Secretaría de Planeación durante las administraciones de Josué Alirio Barrera y Salomón Sanabria, añade un elemento crítico al análisis de independencia institucional.
El organismo que aspira a dirigir tiene la misión constitucional de ejercer vigilancia fiscal rigurosa sobre los recursos públicos ejecutados, precisamente, por los gobiernos locales de los sectores políticos que hoy participan en su designación.
Con la conformación de la terna y la votación definitiva a cargo de la Asamblea Departamental programada para el próximo 21 de diciembre, el concurso de méritos cede el testigo al tablero de los intereses partidistas.
Si la meritocracia fuera el criterio vinculante, la discusión estaría zanjada; sin embargo, en el escenario político casanareño, el puntaje académico se convierte en un simple boleto de entrada a una puja donde las curules deciden si prevalece la vigilancia técnica o la continuidad de los alineamientos políticos.