Incrementar el pie de fuerza para fortalecer los controles en las vías de acceso al municipio de Puerto Rico y en el río Ariari, además de una recompensa de $ 20 millones a quien suministre información que permita la identificación, captura y judicialización de cualquier delincuente que quiera generar intimidación a las comunidades, son algunas de las acciones que se determinaron en el Consejo de Seguridad extraordinario que lideró la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano.
«Llegaremos a donde tengamos que llegar», afirmó la mandataria con respecto a la presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía, para proteger a la población civil de grupos armados ilegales, al tiempo que anunció el inicio de una acción humanitaria en la inspección de Puerto Toledo, en coordinación con la ONU, la Defensoría del Pueblo, las Secretarías de Derechos Humanos y de Gobierno departamental, junto con la Alcaldía de Puerto Rico.
Cortés Zambrano, ordenó a la Fiscalía, que investigue las denuncias de reclutamiento forzado y las amenazas que reciben los campesinos para engrosar las filas de los grupos armados ilegales.
Para garantizar la paz y la gobernanza, se plantea una estrategia que incluye consejos de seguridad descentralizados en los municipios, acciones estratégicas planificadas, inversión en tecnología y una coordinación efectiva con el sector de justicia-penitenciario.