Colombia

ASEGURADOS ALCALDE DE BALBOA (RISARALDA), DOS FUNCIONARIOS MÁS Y UN PARTICULAR POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CONTRATACIÓN

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La Fiscalía detectó posibles anomalías en la contratación de un estudio técnico de rediseño
administrativo de la alcaldía municipal.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Balboa (Risaralda),
Huberto Vásquez Vásquez; el jefe de Control Interno municipal, Diego Franco Barco; el
secretario de Planeación de Balboa, Víctor Yesith Sánchez Lozano; y la contratista María Isabel
Morales Hidalgo como presuntos responsables de varias inconsistencias en un proceso
contractual.


El contrato investigado fue suscrito el 17 de septiembre de 2020, por valor de $50’800.000, y
tenía por objeto realizar un estudio técnico de rediseño institucional para definir una nueva
estructura organizacional y planta de personal para la Alcaldía de Balboa.


Al parecer, se realizaron informes previos sin tener en cuenta análisis de mercado y de precios,
se aceptó un certificado de idoneidad del contratista, el cual contenía información falsa; y fue
adjudicado el contrato sin que se realizara una selección objetiva con más oferentes.
La persona que habría sido favorecida con el contrato no contaba con capacidad jurídica,
infraestructura o experiencia, por lo que acudió a un tercero para que ejecutara la labor; sin
embargo, se constató que los funcionarios de la alcaldía terminaron por hacer el rediseño
institucional.


El material de prueba indica que, con la firma del contrato, se entregó de manera anticipada
el 50% del valor pactado, sin que la interventoría recibiera y aprobara el plan de inversión.
Todas las actividades ilícitas detectadas generaron un posible detrimento patrimonial superior
a 50 millones de pesos.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Risaralda
imputó a los funcionarios y al particular los delitos de peculado por apropiación y contrato sin
cumplimiento de requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados por los procesados,
quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de
residencia.

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