Un poco más de 1.500 niños que cursaban primaria en el Centro Social, ahora no tienen aulas de clases porque fueron desalojados de la sede que sus padres construyeron hace varios años en un lote de terreno, donado por un vecino, pero escriturado a una comunidad religiosa.
La historia se remonta a mediados de los años 60, cuando los habitantes de Yopal a punta de rifas, bazares y empanadas, consiguieron los recursos económicos para levantar las aulas donde estudiarían sus hijos, labor que le encomendaron a unas monjas de una congregación católica, que pagaba un programa gubernamental denominado Educación Contratada.
Todo iba bien hasta que, la comunidad religiosa resolvió reclamar el predio y las instalaciones, porque tenían los documentos que los acreditaban como los legítimos propietarios.
La alcaldía de entonces, liderada por John Jairo Torres, debidamente autorizado por el Concejo, les asignó un lote de terreno y los recursos económicos por la suma de $2.700 millones de pesos, para iniciar las obras de construcción de la nueva sede. Hicieron los estudios, consiguieron todas las licencias y se forjaron las certificaciones del Ministerio de Educación, que les asigno un monto de $25 mil millones de pesos, más otros $15 mil millones de la gobernación, suficiente para poner a funcionar la institución educativa.
Pero, según Jhon Henry Molina Rodríguez, presidente de la Asociación de Padres, llegó Luis Eduardo Castro, actual alcalde, y sin saber porque, resolvió demandar los actos administrativos que les permitía seguir con el proceso, se gastó la plata asignada para la obra y como resultado de todo eso, hoy los niños y niñas estudiantes de primaria, fueron desalojados y obligados a trastear sus pupitres y enseres a otra institución educativa que les abrió las puertas, mientras se hace efectiva, una orden judicial, que obliga, a la administración municipal, devolverle al Centro Social, una sede, donde estudiar.
