Luego de revocar por diferentes inconsistencias, el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar para un poco más de 15 mil niños estudiantes de las instituciones públicas, el gobierno departamental decretó la emergencia evidente que le permite agilizar el proceso y ofrecer la alimentación a los estudiantes de Casanare.
Al culminar la tarde, el secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, convocó a una rueda de prensa para explicar por qué se revocó el proceso de licitación, del programa de alimentación escolar que se había iniciado en el último semestre del año anterior, promovido por la pasada administración, lo que conllevó, a que los estudiantes de los colegios oficiales, no se les suministrara las raciones alimenticias a que tienen derecho.
El funcionario explicó que la revocatoria del proceso licitatorio lo provocaron los mismos oferentes, que se presentaron con inconsistencias en los valores y en las raciones que deben suministrar en las instituciones educativas, como complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
Ardila Plazas explicó, que para asumir esta tarea de revocar el proceso e iniciar una nueva etapa licitatoria, se contó con la participación de todos los organismos que rodean el sistema, las asociaciones de padres, de profesores y rectores, de la Contraloría y otros organismos de control y seguimiento del sistema de contratación estatal.
La situación llegó a prever que tal como se estaba desarrollando el proceso, terminaría con declarar desierta la adjudicación del contrato e iniciar de nuevo el proceso licitatorio, lo que obligó al gobierno, decretar la Urgencia Manifiesta, un procedimiento o mecanismo legal, al cual se puede recurrir, cuando las condiciones normales de la administración se vean alteradas por situaciones de calamidad, circunstancias de fuerza mayor o desastre, ajenas a su control, que no permitan cumplir con los procesos normales de contratación.
Se espera que con esta herramienta jurídica, se logre en el menor tiempo posible llegar a todas las instituciones educativas de los 18 municipios de Casanare que albergan casi 15 mil estudiantes que esperan la atención de las autoridades del Estado, especialmente de la gobernación de Casanare.