En una decisión proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, conocida hoy por el Canal Dos, establece que, el exgobernador de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, fue exonerado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por los cuales fue acusado, en el 2013.
La investigación y juzgamiento de la primera autoridad del departamento, están relacionados con la liquidación de un contrato que tenía como finalidad, la construcción de 1.055 viviendas de interés social.
La Fiscalía General de la República, acusó al entonces gobernador Porras Pérez, de liquidar irregularmente el contrato, el 28 de diciembre de 2007, ocasionando un detrimento patrimonial contra el departamento, al reconocerle al contratista unos pagos adicionales por $397.076.879 que no correspondían.
Hoy, luego de más de una década en la cárcel, la Sala Especial de Instrucción, absolvió a Porras Pérez ya que, frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Fiscalía no logró acreditar que hubiera cometido irregularidades, al reconocerle al contratista en la liquidación, unos valores correspondientes a los mayores costos que tuvo que asumir por la tardanza en la iniciación del contrato de obra.
Esto, teniendo en cuenta que el retraso de 7 meses y medio desde que se aprobó la póliza y se firmó el acta de inicio del contrato, se debió a una falla de planeación por parte de la administración departamental, lo cual significa que sí se le podía reconocer al contratista, los mayores costos en los que tuvo que incurrir.
La Fiscalía tampoco logró demostrar que el entonces gobernador, cometiera irregularidades al pagar las obras adicionales que el contratista asumió y determinó que, el gobernador sí podía incluir en la liquidación un valor por concepto de “utilidad esperada”, pues, aunque 173 viviendas de las contratadas, no fueron construidas, esto se debió a las fallas de planeación de la administración departamental, y no a alguna actuación que se le pueda señalar al contratista.
El exgobernador también fue absuelto por el delito de peculado por apropiación, pues la Sala determinó que la Fiscalía, no probó la apropiación de recursos públicos, ni que Porras Pérez, de forma dolosa, quisiera apropiarse de recursos públicos, para beneficiar a un tercero.
En Marzo del 2013, La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, condenó a 18 años y seis meses de prisión al exgobernador porque fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.