En el Congreso fue radicado un proyecto de ley para indemnizar con montos de $45 millones a los familiares del personal de la salud que haya perdido la vida por cuenta del COVID-19. La iniciativa abarca además a parientes tanto del personal de servicios (limpieza o cocina) como de orden administrativo.
Un vistazo a las cifras permite dimensionar la situación. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), el personal de salud aporta 43.399 casos de COVID-19 a los 2,2 millones que suma el país. Sin embargo, del total de fallecidos, 216 hacían parte de este sector. Al desglosar los números llama la atención que 71 eran médicos y 38 auxiliares de enfermería, pero también había personal administrativo (12), conductores (6) o técnicos en farmacia (5).
La iniciativa –de autoría del senador Edgar Díaz Contreras (Cambio Radical)–, comprende al personal de la salud como médicos residentes, médicos internos, odontólogos, radiólogos, enfermeros, auxiliares de salud, camilleros, personal de ambulancias, bioquímicos, técnicos y auxiliares de los laboratorios donde se realizan análisis farmacéuticos. Frente al personal del área de servicios se incluyen a aquellos dedicados a limpieza, lavandería o cocina. Finalmente, figura el personal administrativo afectado en su lugar de trabajo y que hayan fallecido por causas relacionadas al COVID-19.
No obstante, hay un parágrafo que advierte que este listado es “meramente enunciativo”, pues el presidente de la Republica o el Ministerio de Salud “podrán determinar y certificar otras áreas que también están afectadas en el ejercicio de su labor en el tratamiento de pacientes con coronavirus”.