La Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, condenaron el abuso sexual del que fue víctima una niña indígena del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), presuntamente por un grupo de soldados en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. «Es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad Embera Chamí. El Gobierno no la dejará sola y por eso solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social, debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua», afirmó la Vicepresidente. Los hechos, que son materia de investigación, se dieron en horas de la tarde del 22 de junio de 2020, al parecer, a manos de un grupo de soldados, pertenecientes al Batallón San Mateo.
«La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos y un acto aberrante de esta naturaleza, debe tener agravantes de la responsabilidad. Indigna la presunta responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares en este crimen, que debe considerarse de lesa humanidad», enfatizó.
Recordó que el Congreso de la República, aprobó la reforma constitucional para la cadena perpetua. «Como Estado debemos ser implacables con los abusadores sexuales. Desde el Gobierno brindaremos todo el acompañamiento a la niña y a sus familiares para que obtengan la justicia’. Por su parte, la Consejera Gheidy Gallo destacó que «inmediatamente conocimos este abominable acto contra la menor, actuamos de manera coordinada con las autoridades de Risaralda, con la Gestora del Departamento, Natalia Ramírez, y con el ICBF para que le sean restablecidos los derechos a la menor de edad. De la misma forma, articulamos con las autoridades judiciales la acción estatal que permita garantizarle a la niña y a su familia que los culpables reciban la máxima condena». La Consejera resaltó que la violencia sexual contra niñas es una grave violación de sus derechos que afecta también a la sociedad y las comunidades y se relaciona con actos de discriminación y exclusión, cuando la misma recae sobre una niña indígena. En ese sentido, el enfoque diferencial para abordar y priorizar el caso debe ser parte del análisis, contexto y respuesta institucional a tan indignante caso. «Todos en la sociedad tenemos la responsabilidad de poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación en la que se abuse contra la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres del país sin consideración con los abusadores. Es momento de aplicar la máxima condena», reiteró Gheidy Gallo.
