Desde la Comisión Accidental de la Amazorinoquia, bloque parlamentario integrado por 25 Representantes a la Cámara y 3 Senadores de la República, rechazamos los actos violentos llevados a cabo por parte de los grupos armados en contra la
población civil araucana y miembros de la fuerza pública.
El deterioro de la seguridad en el departamento de Arauca en los meses recientes se hace cada vez más traumática y compleja para sus ciudadanos. En las últimas semanas, y con mayor frecuencia, se han reportado las alarmantes cifras de violencia que ha experimentado esta región por los enfrentamientos constantes entre las disidencias de las FARC y el grupo guerrillero ELN.
La revista SEMANA, la Radio Nacional, Caracol Radio y otros medios de comunicación manifestaron que “en lo corrido del año, las autoridades han reportado 47 secuestros, 300 homicidios y cerca de 19.100 víctimas de diferentes hechos victimizantes, como el desplazamiento forzado, el confinamiento, las amenazas, desaparición forzada, entre otros”[1].
Así mismo, la Defensoría del Pueblo reportó que en el último mes de octubre ya se han presentado 11 desapariciones forzadas, cifra que podría aumentar aún más debido al miedo de denunciar por las represalias de los grupos armados ilegales.
La fragmentación de los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las FARC y el ELN, no solo han hecho más difícil el diálogo con estas estructuras criminales, sino que han terminado por generar lógicas macabras de confrontación. Llegando al punto que Antonio Medina, uno de los jefes de las disidencias de las FARC en la región, amenazara con poner 300 muertos en el departamento antes del mes de diciembre del presente año por la disputa territorial con los guerrilleros del ELN.
Estos hechos violentos, que afectan la tranquilidad, no se produjeron en vano; durante el último año, “Arauca se ha convertido en uno de los departamentos con más afectaciones por los niveles de violencia durante los últimos dos años”. Son distintas las aristas que componen el escalamiento de la violencia organizada, que van desde unas elevadas cifras de homicidios, amenazas, secuestros, pero también enfrentamientos, desplazamiento forzado y una situación de vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales.
Es inaceptable que en el contexto de formulación de la Paz Total estas organizaciones criminales aterroricen a la población civil en medio de sus disputas territoriales. Arauca y en general las zonas de frontera de la Orinoquia y la Amazonía históricamente han tenido poca prioridad respecto a la implementación de políticas públicas.
Esta presencia estatal diferenciada ha creado las condiciones propicias para que grupos armados al margen de la Ley tomen control del territorio y ejerzan su accionar delictivo y violento en contra de la sociedad araucana.
En este sentido las y los congresistas integrantes de esta comisión enviamos un mensaje de solidaridad al pueblo araucano y le solicitamos al Gobierno Nacional una intervención inmediata con el objeto de proteger y preservar la vida e integridad
de la población, salvaguardar sus derechos y restablecer el orden público a la mayor brevedad posible, garantizando de esta manera condiciones de tranquilidad y armonía en el territorio.
Igualmente, solicitamos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 lineamientos específicos orientados en la estabilización social y económica del departamento de Arauca. Nuestro principal objetivo es promover el desarrollo y garantizar condiciones de vida dignas a través de la presencia integral del Estado.
